Desde que el pasado febrero de 2009 la coalición Netanyahu - Lieberman - Barak accediera al poder, se ha producido un cambio gradual pero radical en las relaciones del Gobierno de Israel con la comunidad de ONG internacionales con presencia en la región. En un principio, unas cuantas regulaciones nuevas no llamaron demasiado la atención. Parecían acciones aisladas, en un lugar donde la normativa y las prohibiciones cambian con exasperante frecuencia. Primero fue el endurecimiento de las medidas de seguridad para personas de origen no palestino o israelí a la hora de cruzar el check point de Kalandia (paso principal entre Jerusalén y Ramala). Más tarde la prohibición de usar los autobuses palestinos entre Belén y Jerusalén, obligando a pasar por el check point militar de Gilo, con la dificultad y el tiempo añadidos que supone. Entre las medidas futuras, parece previsible que se cierren para el personal extranjero otros check points que unen Cisjordania con Jerusalén (como el de Jabba, entre Ramala y Jerusalén) o que se expidan visados únicamente válidos para el territorio controlado por la Autoridad Palestina. Nuevas formas para dificultar la ya complicada movilidad y en busca de la anexión definitiva de Jerusalén a Israel.
Con el paso de los meses, estas medidas aisladas se han ido convirtiendo en las piezas de un puzzle cuidadosamente diseñado y la nueva política de las autoridades israelíes se desvela ante los ojos atónitos de las organizaciones internacionales que no han conseguido predecir las implicaciones que puede tener: la limitación de la presencia internacional en Israel y Jerusalén Este y su expulsión a Cisjordania y Gaza.
La última pieza de este rompecabezas, todavía inacabado, es el cambio de visados de trabajo a visados de visitante. A pesar de que el Gobierno israelí aún no se ha pronunciado al respecto, se dice que en la práctica ‘los trabajadores expatriados podrán seguir trabajando en los territorios controlados por la potencia ocupante’. Sin embargo, esto deja en una situación ambigua ciertas cuestiones de importancia, abriendo inquietantes interrogantes:
¿Significa esto que en la práctica las ONG internacionales no podrán seguir ejecutando proyectos con la población palestina de Jerusalén Este y que incluso no podrán tener oficinas en Jerusalén? Para las autoridades israelíes, Jerusalén es considerado parte integrante (e indivisible) del Estado de Israel, mientras que según la legislación internacional, Jerusalén Este es territorio ocupado por Israel, sobre el que tiene responsabilidad como potencia ocupante. ¿No sería esta cesación de actividades y representación un reconocimiento implícito de la soberanía israelí sobre la totalidad de Jerusalén? El mismo dilema se plantea con las Áreas C (zonas geográficamente dentro de Cisjordania pero bajo control militar Israelí y que constituyen el 60% de los territorios de Cisjordania). ¿Qué ocurrirá con los proyectos que se estén llevando a cabo con organizaciones palestinas del 48 que tienen su sede social en Israel?
Por otra parte, ¿estará el personal internacional cometiendo un delito al trabajar ‘ilegalmente’ en Israel, pudiendo ser por tanto detenido y deportado? ¿Puede este cambio de estatus afectar a la entrada del personal de las ONG a la Franja de Gaza, aduciendo que no se esté en posesión de la documentación necesaria?
Lo más lamentable es que es muy probable que el Gobierno israelí cumpla su promesa informal de ‘dejar hacer’ a las organizaciones internacionales Gaza y Cisjordania, siempre y cuando su trabajo se limite a lo que se considera ayuda humanitaria. Parece altamente improbable que después de haber gastado tanto tiempo y esfuerzo en descargar sus responsabilidades como potencia ocupante sobre los ávidos hombros de las organizaciones humanitarias, el Estado de Israel esté dispuesto ahora a asumir lo que la legislación internacional establece. Sin embargo, el nuevo tipo de visado deja la puerta abierta (y nunca mejor dicho) a expulsar a aquellas personas y organizaciones con un perfil más político, que puedan suponer más un problema que un beneficio para Israel.
Por otro lado, desde hace unos meses no se habla de otra cosa en los foros de cooperantes y personal expatriado en Jerusalén y Ramala. La agenda de incidencia de las organizaciones internacionales ha sido literalmente enterrada bajo la burocracia y las cuestiones legales con las que se ven ahora obligadas a lidiar. Las representaciones consulares y diplomáticas en Jerusalén y Tel Aviv no han salido mejor paradas, al verse desbordadas por las llamadas y demandas de actuación presentadas por parte de las organizaciones internacionales.
¿Quién le recuerda ahora a la presidencia española de la Unión Europea que su predecesor, Suecia, dejó en su puerta el posible reconocimiento del Estado Palestino durante los próximos meses?
ACSUR-LAS SEGOVIAS
