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El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, volvió este jueves a encender la polémica en relación al tema de la inmigración al afirmar que con menos inmigrantes, en Italia habría menos criminales, según declaró durante el lanzamiento de un plan antimafia aprobado este jueves por el Gobierno.

"Una disminución de los extracomunitarios en Italia significa menos fuerzas que van a engrosar las filas de las organizaciones criminales", aseguró el premier tras defender la lucha de su Gobierno contra la inmigración clandestina y cuyos resultados están siendo ya "muy positivos".

Berlusconi hizo estas declaraciones en Reggio Calabria, la ciudad del sur de Italia que acogió un consejo de ministros especialmente dedicado a la batalla contra la mafia. Reggio Calabria es la capital de la Calabria, una de las regiones del sur de Italia más sometidas al poder de la mafia, concretamente, a la 'Ndrangheta.

La reacción del principal partido de la oposición, el Partido Demócrata (PD), no tardó en llegar. Una de sus parlamentarias, Livia Turco, calificó las declaraciones de Berlusconi de "vergonzosas" porque con ellas se "incita al racismo" y se "alimenta un clima de intolerancia, cuyas consecuencias son imprevisibles".

Se agrava la polémica

Las declaraciones del primer ministro italiano se suscitaban dentro de un consejo extraordinario de ministros, convocado por el Gobierno para tratar temas relevantes a la mafia y la inmigración. Concrétamente, en respuesta a algunos acontecimientos especialmente preocupantes registrados en las últimas semanas, tales como las amenazas a los magistrados por parte de la 'Ndrangheta y los altercados de Rosarno, la localidad de la que recientemente fueron expulsados centenares de inmigrantes que trabajaban en negro en la recolección de la fruta.

Sin embargo, en lugar de denunciar la degradante situación en que los inmigrantes se veían obligados a vivir, Berlusconi renovó el empeño de su Gobierno en plantar cara a la inmigración clandestina, avivando aún más si cabe la polémica. Aun con todo, anunció que se intensificarán los controles en el sur de Italia, sobre todo en los sectores de la agricultura y de la construcción, para combatir la economía sumergida.

A principios de enero, los hechos de Rosarno sirvieron para demostrar el modo en que los propietarios de tierras del sur de Italia explotan a los inmigrantes en el sector de la agricultura, un problema que ya había sido denunciado por numerosas organizaciones pero del que la política todavía no se ha ocupado.

A ello se añade la posibilidad de que fuera la mafia la que provocara la expulsión de los inmigrantes con el objetivo de reafirmar su poder sobre el territorio, en un momento en el que el sector de la fruta atraviesa una grave crisis.

De hecho, algunos observadores señalan que los agricultores ya no querían dar más trabajo a los inmigrantes a la espera de recibir las ayudas europeas, que no se basan en la cantidad de fruta recogida sino en el número de árboles plantados.

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