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El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, criticó hoy la decisión del gobierno de Brasil de conceder asilo a un senador opositor solicitado por la justicia de este país para responder por 20 causas de corrupción y asesinato.

“Es una decisión desatinada la que asumió el gobierno de Brasil de otorgar asilo a una persona acusada en Bolivia no por sus ideas, sino por delitos de asesinato, como las muertes de dirigentes indígenas en el departamento de Pando, en la masacre de Porvenir”, señaló García en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.

Está acusado de uso corrupto de recursos públicos, señaló el también presidente del parlamento sobre Roger Pinto, senador por Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, quien encara, entre otros, un proceso penal por el desvío de fondos de la Zona Franca de Cobija, cuando era prefecto del departamento de Pando (2001).

Es una persona (Roger Pinto) acusada por delitos comunes, por daño económico al Estado y manejo inapropiado de recursos públicos, apuntó.

Está acusado, enfatizó García, de haberle robado al Estado y malversado fondos públicos, no es una persona que se le está acusando por sus concepciones de derecha.

Hay otras acusaciones de desacato que tienen que ver con un conjunto de mentiras, infamias y calumnias con las que muchos opositores, a falta de ideas y de propuestas, acumulan para lanzarlas contra el gobierno, las cuales, no obstante, serán descartadas para no entorpecer el proceso, agregó el Vicepresidente.

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