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En su página web discrepan de la decisión judicial de no intervenir la entidad bancaria y dicen que "Con la #QuerellaPaRato queremos demostrar que la ciudadanía puede tomar la palabra y actuar contra los responsables del saqueo".

El día 30 de Julio, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado una de las diligencias que pedíamos en la #QuerellaPaRato, la intervención judicial de Bankia, por entender, principalmente, que no hay riesgo de que se sigan cometiendo los delitos que dieron base a la apertura del proceso y actual investigación judicial del mismo.

En su motivación del auto, el Juez aprecia tanto los argumentos de la Fiscalia, como del representante del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB), que aducen que, siendo precisamente este Fondo el máximo accionista de la entidad, no tendría sentido su intervención judicial.

Por nuestra parte, aceptamos la decisión del magistrado pero discrepamos de la argumentación que hace en el auto, ya que consideramos que existe un gran riesgo de que las pérdidas privadas de Bankia se transformen (o sigan transformándose) en deuda pública. Esta era la razón principal por la que pedíamos su intervención, para evitar que la incomprensible urgencia por recapitalizar Bankia siguiese comprometiendo la salud financiera del país que, a la postre, se traduce en los recortes de derechos y servicios públicos que el gobierno está llevando a cabo.

Para nuestra desgracia, el juez no ha estimado como prueba el Memorándum aprobado en el seno de la UE y que fija la hoja de ruta a seguir para las entidades que están accediendo a los fondos de rescate bancario. Fue ciertamente una sorpresa saber que dicho Memorándum no se consideraba un documento oficial en España, habiéndose votado, incluso, en varios parlamentos de países comunitarios. A pesar de que el juez aceptó en un primer momento que lo presentásemos como prueba en la segunda vista, finalmente no ha considerado esta prueba como suficiente para concluir que existe un riesgo real de progresivo deterioro de la economía nacional y, por lo tanto, no ha visto necesaria la intervención.

A nuestros ojos, el Memorándum es una prueba irrefutable de que el fondo de rescate bancario no es más que una nueva treta de las élites financieras y políticas para transferir dinero público a los acreedores bancarios, principalmente extranjeros, y no un instrumento que garantice la devolución de sus ahorros a los depositantes, accionistas o preferentistas afectados por los posibles delitos cometidos en la gestación y salida a bolsa de Bankia.

Así mismo, nos extraña que el FROB sea designado garante de las buenas prácticas en Bankia, incluso dudamos de su calificación como organismo público, ya que depende económicamente de fondos comunitarios para poder mantener la gestión de la entidad. Quizás a nivel formal pueda aparentar lo contrario pero, de facto, no deja de ser una institución al servicio de intereses bien diferentes de los que nosotr@s defendemos.

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