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Al menos 446 activistas han sido sancionados desde el 15 de mayo de 2011, 287 de ellos durante el aniversario del movimiento. Los indignados estudian cómo hacer frente a los pagos y a la desmovilización que provocan estas sanciones

Al menos 133.000 euros. Esa es la cantidad que el Ministerio del Interior, por medio de la Delegación del Gobierno en Madrid, exige a 446 personas en concepto de sanciones administrativas por supuestamente haberse manifestado o concentrado sin autorización en actividades de protesta convocadas por el Movimiento 15-M o por no haber acatado las órdenes de la policía en el marco de estas movilizaciones.

Según cifras facilitadas por la comisión de Legal del 15-M madrileño, entre el 15 de mayo de 2011, cuando comenzaron las movilizaciones, y el 25 de marzo de 2012, la policía abrió expedientes sancionadores a 412 participantes del movimiento. 159 de ellos han sido sancionados con multas de, al menos, 300 euros. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid aseguran, por su parte, que en el marco de los actos de protesta durante el primer cumpleaños del 15-M fueron 287 las personas multadas con 300 euros por participar en concentraciones no autorizadas. Una simple operación matemática ofrece una cifra de recaudación que, advierten los indignados, no tiene por qué ser definitiva.

"Es muy posible que todos los expedientes acaben en sanción, pues tienen características similares a los de personas a las que ya les han llegado multas", señala Eric, abogado de la comisión de Legal que prefiere no dar su apellido. De ser así, la cifra rondaría los 210.000 euros.
Resistencia colectiva

Los indignados llevan meses estudiando cómo hacer frente a estas sanciones. Hay personas que, a modo particular, se inclinan por la insumisión y, a pesar de las consecuencias que esta posición pueda generar, prefieren optar por no pagar las multas. Sin embargo, la mayoría cree que "escapar" a las sanciones es "muy complicado". Ana B., periodista de 27 años, es de esta opinión. Desde que surgió el 15-M colabora en las labores de difusión del movimiento reproduciendo las protestas a través de las redes sociales. En una concentración no comunicada a la Delegación del Gobierno llevada a cabo el 27 de abril de 2012 en protesta por las detenciones durante una convocatoria contra la subida de tarifas del metro de Madrid, Ana fue retenida durante 10 minutos por "tomar una fotografía", siempre según su testimonio. "A los diez días me llegó una multa. Me acusan de desacato a la autoridad y me imponen una sación de 300 euros", asegura a Público.es. "Tendré que pagarla, pero ya veremos cómo", señala.

Hasta ahora, algunas asambleas de barrio han elaborado cajas de resistencia, han puesto en marcha grupos de financiación o han hecho fiestas para recaudar dinero. Sin embargo, los indignados trabajan ahora en la elaboración de "estrategias más sólidas" que replicarían en Madrid experiencias que se llevan a cabo en otras ciudades, aunque normalmente aplicadas a las multas por colarse en el transporte público.

Por ejemplo, en Barcelona, el colectivo Memetro se organiza como una especie de mutua en la que sus participantes hacen frente de forma colectiva a las posibles sanciones por no pagar el billete del metro de la capital catalana. Aunque todavía no hay nada consensuado, algunos participantes del 15-M valoran la posibilidad de importar este tipo de experiencias para que, mediante el pago de una cuota mensual, se pueda cubrir el forma conjunta el pago de las multas y costear así los recursos judiciales.

Presentación de alegaciones

El pasado 14 de junio, cerca de setenta personas se reunieron en la Delegación del Gobierno de Madrid para entregar alegaciones a las más de setenta sanciones administrativas impuestas el 27 de abril de 2012 durante una concentración en la que se pedía la liberación de los detenidos en la acción 'Toma el Metro' en la que un grupo de activistas paralizó el servicio en la capital para protestar por la subida de tarifas.

Fuentes de la comisión de Legal del 15-M de Madrid aseguran que todas las denuncias que particulares ponen en conocimiento de este grupo son recurridas. Consideran que estas sanciones administrativas son una "práctica represiva" que tiene como objetivo "individualizar" y "silenciar" a los activistas y que están orientadas a "cercenar el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente protegidos por la Constitución".

Amparándose en los derechos de reunión (artículo 21 de la CE), libertad de expresión (artículo 20 de la CE) y participación política (artículo 23 de la CE), los indignados señalan que la práctica sancionadora se lleva a cabo con "abitrariedad". Desde la comisión de Legal, aseguran, asimismo, que estas medidas son “especialmente gravosas en un contexto de crisis económica”. "Es una pardoja que se sancione económicamente, precarizando con ello sus condiciones de vida, a quienes protestan por la situación económica y la precariedad”, dicen desde este grupo.

Movida por la indignación, María Dulce Alonso, de 54 años y participante del grupo de veteranos del 15-M, los llamados 'yayoflautas', ha llegado incluso a enviar a una carta a la actual delegada del Gobierno en Madrid, la conservadora Cristina Cifuentes. Su marido y su hijo fueron multados el 14 de mayo de 2012 en la Puerta del Sol de Madrid. Los acusan de alteración.

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