En estos últimos días apareció en los diarios brasileños la noticia de que un grupo de indios colombianos había ocupado una base militar en la ciudad de Toribio, región del Cauca, expulsando de allí al ejército. La noticia señalaba que los indígenas estarían cansados de vivir bajo el fuego cruzado de las fuerzas estatales y la guerrilla comandada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC. Pero la sola noticia no da cuenta del largo proceso de lucha y de resistencia de las comunidades indígenas en esa estratégica región. Como de costumbre le ha faltado a la prensa brasileña la contextualización de los hechos.
La zona del Cauca se considera un importante y estratégico corredor que vincula la región amazónica al océano Pacífico y permite igualmente el paso al Ecuador, razón que ha alimentado la disputa entre el Estado y las FARC. Hay que añadir asimismo que la situación de guerra civil que vive Colombia tampoco es de ahora. Comenzó en el año 1948 cuando fue asesinado Jorge Gaitán, un político progresista liberal, en vísperas de ganar la elección presidencial, lo que desató una explosiva revuelta popular violentamente reprimida por las fuerzas reaccionarias, que ordenaron el crimen. Desde ese momento la población se vio obligada a armarse para enfrentarse a las fuerzas del ejército como también a numerosos grupos de bandoleros que aprovechaban del caos para robar y saquear.
Esta situación de inseguridad y de profunda violencia generó también –en la década de los 60– las fuerzas revolucionarias que bajo la inspiración marxista trataron de organizar al pueblo para alcanzar una ordenada toma del poder. Pero América Latina vivía la sorprendente revolución cubana y la reacción de los EE.UU. fue inmediata. No iban a permitir que surgiera otro foco socialista en su patio trasero. No fue por nada que desde los años 60 las dictaduras proliferaron en el continente.
A lo largo de los años y con la ayuda militar de los EE.UU. las fuerzas conservadoras siguieron dominando en Colombia, enfrentando persistentemente la reacción revolucionaria. Ese proceso que aún hoy continua ha causado profundas heridas en el tejido social. Los conflictos y combates que han segado la vida de mucha gente ya duran más de sesenta años. Y como si no fuera bastante persisten en el país los llamados paramilitares, grupos de combate contra la guerrilla formados por militares y mercenarios que imponen el terror. A estos se suman los narcotraficantes financiados por el sistema internacional que también invierten en milicias armadas. En el medio se encuentra el pueblo, la gente que quiere vivir en paz.
La región del Cauca es una de las más asoladas por los grupos armados debido a su estratégica localización. Allí viven comunidades indígenas que en todos estos años han venido entregando a sus hijos ya sea al ejército o a la guerrilla y que cotidianamente sufren los ataques de esas fuerzas armadas. Se trata de por lo menos unas 570.000 hectáreas de tierras comunales, en las que esas comunidades plantan y crían sus animales tradicionalmente.
La guerra civil que explotó en 1948, poco a poco fue perdiéndose en la memoria de la gente. Generación tras generación se vio enredada en conflictos y en la diaria lucha por la supervivencia. Muchos de los que vivieron los primeros años del conflicto fueron muriendo en el camino y se volvieron cada vez más oscuros los motivos de la revuelta. Hace ya mucho tiempo que Colombia busca el camino de la paz pero no logra pavimentar ese derrotero. En primer término porque el poder económico asociado a los EE.UU. no tiene la menor intención de que sus aliados dejen el poder. Por otra parte la guerrilla no avanza y se mantiene en perpetua resistencia. Y en medio de ese fuego cruzado está la gente común.
Los indígenas colombianos tienen una larga historia de luchas y resistencias. Primero contra el agresor colonial y ahora contra el Estado terrorista. La región del Cauca es especialmente muy aguerrida. A partir de 1971 la población indígena organizó el Consejo Regional Indígena del Cauca o CRIC, organización que ha sido protagonista de muchas luchas hasta llegar a organizar un grupo armado de autodefensa que terminó deponiendo las armas mediante un acuerdo de paz en 1991. Como todos los demás colombianos necesitaban defender sus vidas. A partir de la organización del CRIC los indígenas comenzaron a reivindicar sus derechos absolutamente perdidos en lo referente a la tierra, la educación, la salud, la protección de la naturaleza destruida por las empresas mineras.
La expulsión del ejército de sus tierras así como la de cualquier otro grupo armado –del tipo de las FARC, los paramilitares o los narcotraficantes– se halla amparada por la decisión comunitaria de poner fin a la sistemática desaparición de personas. “Queremos sembrar en nuestro territorio la paz telúrica e incorporarla a nuestra vida comunitaria”, dicen. Pero esa paz de la que hablan no es la de los vencedores de turno lo que significaría la muerte o el sometimiento de las comunidades ya sea al ejército o a la guerrilla. A ellos no les interesa dominar el territorio sino conservarlo para las futuras generaciones.
Una vez más los indígenas están tomando la palabra, siempre ignorada durante más de 500 años.
La forma de organizar la vida planteada por las comunidades indígenas no se parangona con el capitalismo imperial, como quiere el gobierno, ni con la forma socialista de matriz europea, como quiere la guerrilla. Los indígenas quieren vivir su vida sobre la base lógica de sus ancestros, con autonomía y autogobierno. Ellos quieren tener derecho a su forma de impartir justicia comunitaria, de escoger su economía, su educación y su salud. Quieren tener derecho a conservar, proteger y administrar los recursos naturales de su territorio. Por eso derribaron los portones del ejército y las carpas de los guerrilleros. “Tanto unos como otros nos expropian, nos quitan la vida y nos niegan el derecho a vivir según nuestra autónoma voluntad. Unos nos importan la guerra y los otros quieren enseñarnos a resistir. Ambos nos ignoran como pueblo” dicen.
De modo que las comunidades vinculadas al CRIC siguen una simple pauta de cuatro puntos:
1.- Que salgan todos los grupos armados de su territorio
2.- Que respeten la forma de organizar su vida
3.- Que dejen a su cuidado los recursos naturales
4.- Que no se sigan aprovechando de sus sufrimientos y que tampoco hablen de su resistencia.
Los indígenas del Cauca quieren que los reconozcan como comunidades autónomas y capaces. Basta ya de la vieja cantinela de que los pueblos autóctonos necesitan tutela y protección. Mantener esa visión es estancarse en el peor momento del mundo medieval. Es preciso que la izquierda y los intelectuales comprendan de una vez por todas que para entender al mundo indígena deben despojarse del paradigma occidental-eurocentrista y mirar al mundo con una óptica diferente, una visión autóctona. Ese ejercicio de humildad y respeto es hoy una obligación en América Latina. Las gentes del Cauca lo están mostrando. Quién tenga oídos que oiga.
Elaine Tavares
Brasildefato.com
Traducido para Rebelión por Susana Merino
Fuente: http://www.brasildefato.com.br/node/10125
Cuenten con nosotros para la paz: Indigenas colombianos
Manuel Humberto Restrepo Dominguez
Rebelión
En Colombia si hay conflicto social y armado, los indígenas tienen el derecho a resistir y están en resistencia y manifiestan que no quieren ser un actor armado. Su resistencia les alcanza y les basta para crear paz, para vivir en paz, para seguir construyendo el tejido colectivo que sea capaz de hacer de la paz un propósito nacional.
En Colombia, hay conflicto armado real y tiene orígenes sociales, expresados en desigualdades, iniquidades, discriminaciones y exclusiones sobre las que se alienta, alimenta y mantiene vigente. El Estado, desde hace cincuenta años ha creado la ficción de negarlo como estrategia de acción para mantener vivas las acciones ilegales que le permitan controlarlo por fuera de las reglas de la guerra y mantener de su lado a la población. El presidente Uribe hace menos de una década, en actitud dictatorial, ordenó borrar el termino conflicto armado, de los documentos oficiales y en cambio colocar que había bandas terroristas - a cambio de grupos insurgentes-que atacaban al Estado y a la Sociedad. A través de su reiterada intervención en los medios masivos al servicio del capital y del gobierno (RCN y CARACOL), la población quedó notificada de que estaba prohibido el uso del termino y no faltaron agresiones a quienes se atrevían a tratar de recuperar el concepto. Los hechos de guerra fueron eliminados del lenguaje noticioso y solo años después de su mandato se volvió a saber por los mismos medios que todo estaba lleno de falsedades, que había una realidad de guerra que nunca cambio.
En el propósito de negar el conflicto el Estado ha recurrido a justificaciones teóricas y practicas de todo tipo.Tratando de ocultar lo que ocurre, el Estado ha creado un mundo falso que ya hace integrado a la estructura política del país, destacandose la sistematicidad en asesinatos, juicios, testigos, entre otros eufemisticamente denominados: falsos positivos, falsas desmovilizaciones, falsas imputaciones, falsos juicios, falsos montajes judiciales, falsos testigos, falsas pruebas, falsas noticias. El gobierno actual del presidente Santos y con el apoyo del Congreso cuestionado, mantiene activa la continuidad de la aplicación de las estrategias de guerra preventiva acuñadas por Uribe, procedentes de la política exterior USAmericana de Bush, orientada a declarar terrorista a toda iniciativa contraria a las políticas del régimen.
En Colombia, los indígenas y en especial los del Sur del territorio nacional, hoy padecen los efectos del mundo falso que se pretende colocar sobre ellos para seguir negando su existencia, sus derechos. Los indígenas hacen parte de la numerosa población marginada, olvidada, que no ha dejado de ser colonizada primero por los Europeos en América hace 500 años, después por los terratenientes y empresarios desde hace 200 años, que mantuvieron vigentes las practicas de sometimiento, castigo y explotación y hoy por el capital en manos de transnacionales que en asocio con empresarios, militares y políticos nacionales sientan a sangre y fuego las bases de la tercera colonización. Ante el llamado a querer vivir en paz, el gobierno ha lanzado su grito de guerra. es claro que su compromiso no es con la vida de la gente común y corriente, si no con el capital que produce muerte y despojo. A cambio de querer comprender y dar salida en favor de la convivencia sin armas que reclaman indígenas y campesinos, el Estado ofrece profundizar las salidas de la muerte y amenaza con aplicar el código penal a quienes resisten con su voz y su paso firme que retumba en las montañas. La procuraduría anuncia que enviara una comisión de 15 procuradores, la fiscalía anuncia lo mismo, los congresistas se pronuncian en respaldo al presidente y los tribunales de justicia sentencian sanciones. Que ironía que las voces del Estado a quienes nunca les han importado las masacres, de indígenas, ahora tengan interés porque los indígenas reclaman lo suyo.
El presidente habla con su usual tono de general sin uniforme y al ministro de guerra imputa falsos cargos e invoca derechos y tribunales inexistentes. Ambos hacen lo que mejor saben: Amenazan, infunden temor, provocan miedo, anuncian que interpondrán acciones penales para llevar a juicio a los indígenas responsables de maltrato a sus tropas. El maltrato consiste en que los indígenas, hombres, mujeres, niños, por miles, salieron a decirle a los soldados que instrumentalizan la muerte que se vayan, que no los quieren, que no son bienvenidos con sus fusiles, sus bombas y sus ansias de venganza.
Los que sufren el maltrato son precisamente los indígenas que ya superan 500 años padeciendo humillaciones y asesinatos víctimas de las armas de la guerra del conflicto armado colombiano. Sus mujeres han sido violadas, sus hijos amputados, la madre tierra saqueada. Son ellos, los que hoy están anunciando maltrato, los maltratadores de oficio, de formación, es a ellos a quienes se debe poner ante tribunales locales y globales, es a ellos, a quienes gobiernan desde el aparato del Estado Colombiano a quienes hay que convocar para que respondan por los crímenes históricamente cometidos contra los indígenas de Colombia, que hoy dicen: cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.
Manuel Humberto Restrepo Dominguez
Rebelión
(*) Manuel Humberto Restrepo Dominguez. Observatorio de Derechos Humanos, Maestria en DD.HH. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Autor/a: Varios
Fuente: rebelion.org
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